Hace unos días me topé con el siguiente titular: «Diez empresas controlan la informática del Estado con “tecnología cautiva”», que me llevó a creer que con «tecnología cautiva» se estaban refiriendo a «software propietario», pero al leerlo descubrí que iba aun más lejos, y eso me alegró, porque a veces la gente olvida qué supone (y más en ámbitos como la Administración Pública) el no invertir en productos que empleen software abierto.
 |
| A la izquierda software de estándar abierto. A la derecha software propietario. |
Según esta noticia (por si alguno prefiere un resumen rápido, que siga leyendo) el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre 3 «vicios» de procedimiento detectados en la Administración a la hora de realizar compras en materia tecnológica que, para mi, en realidad se resumen en uno: “la dependencia o, incluso cautividad tecnológica respecto de unas pocas empresas en las que se concentra la mayor parte de las adjudicaciones”. Y esto es así porque esta dependencia supone, necesariamente, caer en los otros dos vicios de procedimiento, ya que si has comprado un producto (por muy bueno que sea, o muy bien de precio que te lo pongan en la compra) que cuando hay un problema sólo lo pueden arreglar los que te lo han vendido, tendremos que recurrir necesariamente a los “contratos de servicio de apoyo informático para resolver las carencias de personal propio, funcionario o laboral”, ya que los informáticos que trabajen para la Administración correspondiente no tendrán ni los conocimientos ni los medios para poder arreglarlos ellos mismos, y si además solo pueden emplearse con estos productos los periféricos o consumibles de la marca, será inútil lanzar una licitación pública para adquirirlos, ya que sólo los tendrán unos proveedores muy limitados, por lo que nos encontraremos con una “utilización excesiva de la licitación negociada” y, encima, al final te lo cobrarán al precio que quieran por ellos.
Sin embargo, hay algo en lo que no estamos de acuerdo el Tribunal de Cuentas y yo: él considera que el origen del problema está en emplear la licitación negociada desde el principio para adquirir los recursos informáticos que la Administración Pública necesita, pero yo no quiero creer que la Administración llama a sus «amiguitos» para comprar sus productos, sino que, como ha comprado mal por elegir un «producto propietario», al final tiene que recurrir a ellos directamente para poder seguir usándolos…
Lo peor de todo, es que el Tribunal de Cuentas actúa con bastante retraso, así que este informe es sobre contratos realizados entre 2006 y 2010, en concreto sobre 661 contratos en los que se gastó un total de 531,5 millones de euros, y en más de la mitad se constató que no se hizo un concurso público para su adjudicación sino que se acudió directamente a los proveedores.
Pero aun más, el informe IRIA 2012, dedicado a analizar el gasto en tecnología de las administraciones en 2011, determinó que en ese año únicamente el 34% de los concursos para suministro de informática y telecomunicaciones del Gobierno Central fueron abiertos. Y esto suponen muchos millones.
Si a todo esto unimos que, en estos últimos años, ya con la crisis encima, muchas Administraciones Públicas han hecho pública su intención de invertir en software libre para ahorrar, ¿creéis que cambiarán las cosas para el próximo informe del Tribunal de Cuentas o descubriremos que todo ha quedado en una simple declaración de intenciones y el Congreso de los Diputados seguirá reservando una partida presupuestaria para comprar iPads en lugar de unas simples tablets?
Marta Lanza es una asesora jurídica especializada en los procedimientos con la Administración, tanto que, actualmente, se encuentra opositando para poder trabajar directamente en la modernización de la Administración y lograr que la relación entre administrado y Administración sea ágil y sencilla, ya sea "en persona" como a través de una pantalla.
